Durante el pasado mes de agosto se desarrolló en la ciudad de Santander el “IV Encuentro sobre Sostenibilidad de Ciudades”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez-Pelayo (UIMP), el Ayuntamiento de Santander y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En dicho encuentro se analizó la gestión de los activos ambientales y su impacto en las ciudades a partir de los proyectos de infraestructura y gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos. Dada la relevancia del tema, hemos querido rescatar algunas de las premisas expuestas a fin de seguir alimentando la reflexión en torno a los desafíos que enfrentan las ciudades en su camino hacia la sostenibilidad.
Según lo formulado en la introducción del encuentro, existe un consenso sobre la definición de ciudad sostenible, entendida como aquella “que puede otorgar a sus ciudadanos una adecuada calidad de vida, mientras que al mismo tiempo es capaz de preservar sus activos físicos (infraestructura económica y social), y sus activos ambientales (costas, lagos, ríos, bosques, cuencas, etc.) para las generaciones futuras. Por lo tanto, una débil gestión de estos activos ambientales conlleva riesgos importantes que afectan a la sostenibilidad y resiliencia de la misma. La disposición no adecuada de los residuos sólidos de una ciudad, en la mayoría de las ocasiones, terminan contaminando los cuerpos de agua (lagos, ríos, costa), obstruyendo drenajes naturales del sistema y aumentando la vulnerabilidad de la población a los efectos de cambio climático. La postergación de inversiones en el saneamiento de bahías y costas, impactan en la pérdida de importantes activos ambientales para la resiliencia y competitividad de una ciudad costera”.
Entender los desafíos que suponen estas problemáticas nos lleva a un escenario propositivo de formulación de proyectos de inversión de infraestructura priorizados en función a las contingencias, características de adaptación, finanzas y niveles de competitividad particulares para cada entorno urbano. Tarea, que por sus dimensiones, implica no solo a administraciones públicas sino que además convoca a los actores privados a través partenariados u otros tipos de alianzas.
Se calcula que “la demanda de proyectos urbanos priorizados para ciudades medianas y emergentes puede alcanzar hasta el 4.2% del PIB 2014 de ALC. Existiendo actualmente una brecha de infraestructura urbana pendiente de solventar debido fundamentalmente a dos factores: (1) la gestión recae sobre entidades sub-nacionales, en su mayor parte, no pueden financiar directamente sus proyectos de inversión con sus propios recursos; y (2) los inversionistas no están dispuestos a participar en proyectos de infraestructura urbana donde la relación riesgo-retorno no sea tolerable”, según afirmó Ellis J. Juan, Asesor Externo de Infraestructura Urbana y Sostenibilidad del BID y Director del Curso.
Entre las grandes líneas de acción desarrolladas formuladas para el avance de las ciudades en este campo, se identificaron: el Fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la gobernanza de las ciudades, a través de la asistencia técnica y apoyo para la mejora de la gestión fiscal; del uso de la tecnología inteligente para la recaudación de impuestos, la generación de ingresos, la mejora de la gobernabilidad, participación ciudadana y la rendición de cuentas; eficiencia en el gasto público; actuaciones orientadas a mitigar las tensiones de la alternancia política; una mejor e integrada planificación urbana. Del mismo modo la Preparación sólidos proyectos pre-inversión son indispensables para acceder a financiamiento a largo plazo, junto a una adecuada asistencia técnica con disponibilidad de fondos.
El debate global y sectorial, así como los temas de análisis que se desprenden, son muy extensos, pero sobre lo que no hay duda – y en línea con lo expuesto en el IV Encuentro de Sostenibilidad- es que una adecuada gestión de los activos ambientales en una ciudad resulta fundamental, ya que mejora considerablemente la sostenibilidad de la misma, su adaptación y resiliencia al cambio climático, reduce pasivos ambientales contingentes, mejora sus finanzas públicas y alienta su competitividad.
