Por Rocío Parreño, consultora de IdenCity.
La movilidad urbana es uno de los principales retos en los entornos urbanos en la actualidad. Una ciudad resiliente, sostenible y equitativa es aquella que es capaz de hacer frente a este desafío no solo por disponer de una estructura de transporte amplia, sino también por tener en cuenta aspectos como el impacto en el medio ambiente, la salud y seguridad de la ciudadanía, y las demandas y necesidades particulares de todos los colectivos sociales que la componen. Así, la planificación estratégica de la movilidad urbana debe ser capaz de entender estas necesidades, incorporando la perspectiva de colectivos diversos, para poder implementar políticas públicas que no dejen a nadie atrás. Las mujeres y otras identidades de género son uno de esos colectivos sociales que requieren políticas específicas y, por este motivo, la perspectiva de género en la movilidad gana cada vez más relevancia.
La inclusión de la perspectiva de género en la movilidad urbana es, hoy en día, una demanda muy solicitada y una deuda pendiente de las autoridades locales en muchas ciudades. Del mismo modo que en la actualidad no puede entenderse a la movilidad urbana y metropolitana sin ser sostenible, las nuevas prácticas de la movilidad tampoco pueden dejar de lado la perspectiva de género. Esto es, en primer lugar, entender que “las políticas pueden tener distintos impactos en las mujeres y en los hombres, y pueden perpetuar la desigualdad o la discriminación de forma involuntaria” (Shreeves, 2019). Adoptar la perspectiva de género en la movilidad urbana “reconoce que las personas tienen experiencias diferenciadas al desplazarse por la ciudad, resultado de los diferentes aspectos de nuestra identidad” (Castillo et al, 2020) e implica “analizar cómo los roles de género influyen en el uso y disfrute de las ciudades” y cómo estos condicionan las opciones de movilidad de las personas (CAF, Buenos Aires Ciudad y Col·lectiu Punt 6, 2021).
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, los patrones de movilidad de las mujeres son más complejos principalmente porque todavía persisten diferencias sociales en los roles que asumen, relacionados con tareas del cuidado y responsabilidades del hogar, y no considerar estas diferencias en los patrones de movilidad hace que sus necesidades estén “subestimadas en las evaluaciones del transporte convencional basadas en los desplazamientos al trabajo” (MITECO, 2018). Consecuentemente, implementar políticas de género significa un cambio de paradigma que consiste en poner los patrones de movilidad de las mujeres y otras identidades de género en el centro del análisis (CAF, Buenos Aires Ciudad y Col·lectiu Punt 6, 2021).
En los últimos años se han llevado a cabo múltiples avances en materia de igualdad de género y reducción de la violencia contra la mujer. “Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, se obliga a menos niñas al matrimonio precoz, hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género” (Naciones Unidad, s.f.). Asimismo, las múltiples movilizaciones promovidas por los colectivos de mujeres y, en general, por la sociedad civil han logrado incluir la temática de género en las agendas de los organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales. No obstante, a pesar de la vasta normativa existente en relación con la violencia contra la mujer y los avances logrados, se estima que un 26% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja, al menos una vez, a lo largo de toda su vida (ONU Mujeres, 2018). Particularmente en el caso de España, en 2019, las víctimas mortales por violencia de género ascienden a 55 mujeres, en 2020 ha habido 45 víctimas mortales y durante el primer semestre del 2021 han muerto 22 mujeres (Ministerio de Igualdad, 2021). Por otro lado, al menos el 40.4% de las mujeres encuestadas en el marco de la Macroencuesta de Violencia Contra la mujer realizada por el Ministerio de Igualdad en 2019, afirman haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. Asimismo, el 8% de las mujeres encuestadas han asegurado haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público y un 32% en espacios abiertos como calles o parques (Ministerio de Igualdad, 2019). Estos últimos datos dejan en evidencia que el riesgo al cual se deben enfrentar diariamente las mujeres cuando se mueven y/o cuando se encuentran en el espacio público. Estas estadísticas demuestran, al fin y al cabo, que la violencia contra la mujer continúa siendo un problema en las ciudades.
En resumen, es necesario que los gobiernos y las autoridades locales impulsen, no solo legislación sobre la igualdad de género y medidas concretas en promoción de la mujer, sino que también integren la perspectiva de género en las políticas públicas y en la planificación estratégica que permitan reducir las desigualdades y la violencia de género. Existen diversas acciones concretas que pueden implementarse con el objetivo de garantizar la igualdad de género en la movilidad, pero sin duda la principal es la existencia de un organismo público especializado dentro del equipo de movilidad que sea capaz de implementar políticas de género y garantizar su cumplimiento.
Las acciones deben centrarse en diferentes ejes temáticos. Un aspecto esencial, además de la elaboración de nuevas normativas e implementación de medidas para erradicar la violencia, es el diagnóstico y la capacidad para poder evaluar y medir el punto de partida y avances. Se observa una falta de datos estadísticos desagregados por género, así como datos específicos que permitan analizar la desigualdad de género y a partir de ello realizar políticas públicas de calidad que ayuden a reducirla. Según ONU Mujeres “las lagunas de datos de género y la falta de datos de tendencias dificultan la evaluación y el seguimiento de la orientación y el ritmo de los avances para las mujeres y las niñas” (ONU mujeres, 2018, pág. 47). Asimismo, se afirma que en la actualidad únicamente se cuenta con datos suficientes y periódicos para 10 de los 54 indicadores para medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos de género a nivel global (ONU mujeres, 2018). En este sentido, las autoridades deben hacer un esfuerzo por implementar estudios para la medición de la desigualdad e “integrar una perspectiva de género en las estrategias nacionales (y locales) de estadística y que se le conceda prioridad en los procesos periódicos de recopilación de datos” (ONU mujeres, 2018, pág. 47) con el fin de que los datos puedan ser reutilizados por parte de la ciudadanía, expertos y académicos que colaboren con la erradicación de las desigualdades de género; estos datos deben ser públicos y de libre acceso.
Las acciones desarrolladas en materia de género y movilidad también deberían centrarse en la educación; por ejemplo, en la implementación de talleres de formación y capacitación del personal, y campañas de concientización para la población y usuarios del transporte público.
Por otra parte, las ciudades pueden implementar políticas que busquen mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzando la seguridad de las mujeres y otras identidades de género en el transporte público. Ciudades como Bilbao avanzaron en materia de seguridad con políticas como las paradas intermedias, que permite que las viajeras puedan bajar antes en horarios nocturnos, avisando con antelación al conductor o conductora del bus (Ayuntamiento de Bilbao, 2018). Otras medidas importantes para la seguridad y prevención del acoso en el transporte público tienen que ver con contar con una correcta iluminación en horarios sin luz natural, que las barandas y manijas se ubiquen de manera tal que las mujeres no se sientan vulnerables o en posiciones incómodas, que existan cámaras de seguridad que permitan que la persona operadora pueda identificar comportamientos inadecuados y que funcionen como elemento disuasorio, entre otros (Castillo et al, 2020).
Por otro lado, la perspectiva de género también considera otros temas relacionados con la salud y servicios complementarios. Por ejemplo, algunas acciones de este tipo se relacionan con la existencia de baños públicos de acceso genérico en las terminales y estaciones, implementación de cambiadores infantiles de acceso genérico o en ambos sanitarios si el acceso está diferenciado por género, etc.
Asimismo, existen una serie de acciones relacionadas con la tecnología y su uso que podrían ayudar a garantizar la comodidad y seguridad de las usuarias y usuarios. Por ejemplo, que haya acceso a wifi que garantice la comunicación en caso de que la persona se sienta vulnerable, que exista un portal o web con información acerca de las rutas y paradas, que exista un portal o web con información y atención en caso de acoso sexual, etc. (Castillo et al, 2020).
Para finalizar, la perspectiva de género en la movilidad es un desafío presente al cual las ciudades deben hacer frente para garantizar la igualdad y la calidad de vida de su ciudadanía. Las autoridades locales cuentan con una amplia estructura normativa que las obliga a adoptar la perspectiva de género y les ofrece un marco regulatorio para hacerlo.
