Por: Laura Moreno Segura.
Consultora Senior en IdenCity Consulting. PhD en Espacio Público y Regeneración Urbana, M.A. en Relaciones Internacionales. Investigadora y consultora especializada en cooperación internacional, derechos humanos, políticas públicas y desarrollo territorial. Ha trabajado en diversos centros de investigación y firmas de consultoría en temáticas relacionadas con el conflicto armado colombiano, ayuda humanitaria, educación para la ciudadanía, reconstrucción de entornos urbanos después de un desastre, viviendas de emergencia, entre otros.
Tras más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, que han dejado como saldo una cifra superior a los 218.000 muertos y 8 millones de víctimas , el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 que, como tal, definió el inicio de la reincorporación de las FARC a la vida civil y la finalización del conflicto entre esta guerrilla y el Estado colombiano. En medio de las múltiples tensiones generadas alrededor de este proceso, tanto en la clase política como en las filas de las FARC y en la sociedad colombiana, los retos a los que se enfrenta el país no son menores, pues para consolidar la paz es fundamental implementar a cabalidad el Acuerdo de Paz, de modo tal que sea posible fortalecer la presencia del Estado en aquellos territorios en los que operaban las FARC y conseguir que los miembros de esta guerrilla puedan integrarse a la vida civil de manera permanente y digna; todo ello en un ambiente de polarización política y ad portas de las elecciones presidenciales de 2018.
Los puntos estratégicos de dicho Acuerdo van desde el esclarecimiento de la verdad y la reparación hasta la participación política de las FARC, pasando por el fin del conflicto y el desarrollo rural integral. Por cuestiones de espacio me detendré a analizar sólo el sub-punto 2 del punto 3 del Acuerdo General, en el que se acordó establecer 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)[1] y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN)[2]. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). Como su nombre lo indica, las ZVTN y PTN actuarían como una suerte de territorios de transición en los que los miembros de las FARC, comprometidos con el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas (CFHBD – DA), iniciarían el proceso de reincorporación a la vida civil en términos sociales, políticos y económicos.
Dado el carácter inicialmente transitorio de dichas zonas (180 días a partir de 1 de diciembre de 2016), aparecieron diferencias entre las expectativas de las FARC y las decisiones del gobierno, pues mientras que las primeras esperaban encontrar, al menos, infraestructura básica instalada, el gobierno nacional no había adelantado ninguna adecuación de las zonas. Así pues, las dificultades para definir y adecuar las ZVTN se convirtieron en uno de los puntos de tensión que ponía en cuestión la capacidad del gobierno para cumplir con lo pactado[3].
ZVTN, Mariana Páez (Mesetas, Meta)
Fuente: https://lggomez.co/
El gobierno nacional, vía decreto y amparándose en el parágrafo 3° del artículo 8 la Ley 418 de 1997, definió el lugar de emplazamiento de las ZVTN y de los PTN, los cuales tienen en común estar ubicados en fronteras agrícolas, zonas selváticas; tener características poblacionales y administrativas principalmente rurales, así como problemas de conectividad, movilidad y estructura de servicios sociales; débil presencia del Estado; cultivos ilícitos[4]; y por ser sitios estratégicos desde el punto de vista de la geografía del conflicto[5], “por ser corredores de la guerra ligados a las disputas por economías emergentes y, por lo tanto, sometidas a delicadas experiencias de victimización y marginalización en el contexto de sagas de violencias históricas”. (MOE, 2016). Es así que el paso de la geopolítica del conflicto hacia una geografía de la paz se enfrenta a múltiples retos, inercias y transformaciones del conflicto armado y de la violencia que necesitan ser abordados desde una perspectiva integral, capaz de articular desde el territorio, escenario de disputas y exclusión en la historia de Colombia, la construcción y consolidación de la paz[6].
UBICACIÓN DE LAS ZVTN Y PTN
Fuente: https://goo.gl/8HJbpC
El gobierno nacional ha intentado darle protagonismo a dicha dimensión territorial, al menos en la construcción del discurso de la paz. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha insistido en que “en el centro de la visión de la paz del gobierno hay una preocupación por el territorio y los derechos”, lo cual ha dado paso a la emergencia del concepto de paz territorial, una novedad que busca atender a los viejos y nuevos conflictos por la tierra y el territorio, estando éstos en el corazón del origen e intensificación del conflicto armado en Colombia. Ahora bien, no se puede hablar de un programa de paz territorial coherente sin incluir el componente de planificación del territorio con una visión de largo plazo, estructurada y acorde a las necesidades y potencialidades de cada región. La manera en la que se están gestionado las ZVTN y PTN, al parecer, está dejando de lado esta dimensión fundamental para la construcción de paz en Colombia.
El nacimiento de estas zonas como áreas de “paso”, lugares de tránsito, genera la primera fractura de planeamiento estructural y de largo plazo que, dadas las características previamente señaladas de estos territorios, es fundamental. Las ZVTN recibieron a los ex-miembros de las FARC en un estado que no cumplía ni las normas mínimas establecidas para que un sitio pueda ser considerado como transitorio.[7] De hecho, Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, señaló en febrero de 2017 que “la mayoría de los campamentos de las FARC en las ZVTN «ni están listos» ni tampoco «han sido delimitados con precisión«.
ZNTN La Variante, Tumaco
Fuente: Farc-Ep, 2017.
A pesar de las dificultades y retrasos, las ZVTN y los PNT están siendo construidos por sus propios habitantes -los ex-miembros de las FARC- sin atender a ningún planeamiento estructural de largo plazo. Todo esto ha acontecido bajo el argumento de que no es necesario porque son temporales. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, afirmó en el foro ‘Hacia el fin del conflicto’: “una cosa distinta son los desarrollos de carácter territorial que hay que hacer a través de los proyectos de enfoque territorial para la reintegración de la guerrilla, pero esto es una noción distinta a estas zonas que son extraordinariamente transitorias”. Esta forma de entender y gestionar las ZVTN parece olvidar dos asuntos fundamentales e interconectados que incidirán en la consolidación de la paz: (i) aunque aparentemente se trate de simples asentamientos transitorios para la reintegración de excombatientes, en realidad se trata de una oportunidad/necesidad de consolidar territorial, social, institucional y políticamente el Estado colombiano; y (ii) diversas crisis de refugiados nos han enseñado que el tiempo promedio que las familias permanecen en un alojamiento de emergencia es de 17 años y que, por tanto, aquello que parecía transitorio se convierte en permanente. Por tanto, partiendo del principio de que cada una de las ZVTN atiende a sus propias lógicas y dinámicas territoriales, históricas, ambientales y político-económicas, la acción del gobierno debería dirigirse hacia la comprensión y planificación de cada una de ellas, desde su propia singularidad en el marco de un plan general que, por primera vez, piense el territorio colombiano en su totalidad, rompiendo con el marcado centralismo, otorgando voz, presencia y recursos adecuados a las veredas, municipios y regiones de todo el país. Si esto no ocurre, y teniendo en cuenta los antecedentes de ocupación del territorio en Colombia, existe una alta probabilidad de que las ZVTN crezcan como territorios que no son sitios temporales, pero tampoco son una ciudad, se tratará más bien de lugares de la incertidumbre, en donde la falta de planeamiento, de articulación con municipios o corregimientos existentes, de planes de desarrollo territorial, los hará crecer y consolidarse mediante estrategias de supervivencia, ingenio e improvisación de sus habitantes, evidentemente con una débil presencia del Estado.
Tal necesidad de planeamiento del territorio destinado a las ZVTN y los PTN es más urgente tras conocerse, a finales de mayo, el anunció del gobierno para que las ZVTN desaparezcan legalmente y se conviertan en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en condiciones de plena normalidad institucional. Ello implica que las zonas transitorias, como podía preverse, no desaparecen sino que se transforman[8]. Revisando con atención el Comunicado Conjunto No. 19 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), se evidencia la ausencia de una lectura territorial en la consolidación de las ZVTN, puesto que los compromisos del gobierno se encuentran circunscritos a: garantizar seguridad jurídica (aplicación de la amnistía o la libertad condicional), seguridad física (protección contra la violencia) y seguridad socio-económica (renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV durante 24 meses, asignación única de normalización, proyectos productivos, de vivienda, etc.)
Tal falta de atención sobre el planeamiento territorial genera preocupación, no sólo por los precedentes que caracterizan a la historia del país, sino porque la reconciliación y la construcción de la paz (estable y duradera, como reza el Acuerdo Final) también tiene una dimensión territorial, cuya aplicación es fundamental para transformar la fragmentación territorial en la que se han arraigado los órdenes de la violencia en Colombia. El territorio es un elemento tan cotidiano que parece olvidarse que es en él donde suceden y tienen efecto todos los procesos relacionados con la vida social. Por tanto, dejar a la deriva y en un estado de incertidumbre el devenir de las ZVTN no parece ser la estrategia más adecuada para consolidar la paz.
De acuerdo con Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales, el Estado mantendrá la administración de los campamentos hasta noviembre, el contrato de arrendamiento de las tierras en las que se han establecido hasta diciembre de 2017 y se tiene previsto dotar a los ETCR con inspecciones de policía y manual de administración; es decir que, a menos de cuatro meses para que se termine el año, aún no existe una planificación territorial ni económica para el desarrollo de estas zonas. Parece olvidarse que el conflicto armado se alimentó de “la persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado”. (Centro de Memoria Histórica, 2013). El gran riesgo que entraña todo este proceso es que la falta de estrategias territoriales concretas y, por ende, de planificación a largo plazo de las ZVTN genere las condiciones para que ni los excombatientes ni los territorios que previamente controlaban las FARC consigan integrarse a la vida civil, al orden legal del Estado, poniendo fin a la violencia. En suma, la agenda de la paz necesita fortalecerse, dejando atrás la improvisación coyuntural de las respuestas gubernamentales, e incorporando una estrategia de ordenación y planeación integral del territorio.
